¡Cháke péa! Un nuevo escándalo sacude a la Gobernación de Central y pone los pelos de punta a Hugo Javier González.
El exanimador de fiestas, es acusado de clonar facturas para justificar millonarias transferencias en el marco de la pandemia por COVID-19, suma otra mancha al tigre.
Ahora dicen que supuestamente presentó un documento correspondiente a un local de venta de bebidas. “El dueño vive en España y tenía una bodega allá por el 2012. Hicimos una reunión telemática y cruzamos los datos con la SET”, explicó el fiscal del caso, Rodrigo Estigarribia, a radio 1.000.
¿Qué pasó?

Había sido la Gobernación, con el Número 2 a la cabeza, transfirió en octubre del 2020, G. 310 millones a la ONG Plantemos Conciencia para la creación de un estudio de impacto ambiental.
En la rendición de cuentas que Hugo Javier mostró a la Contraloría General aparece el papel supuestamente mau a nombre de la Distribuidora Santo Domingo.
Gua’u que del lugar compraron artículos eléctricos por G. 28.000.000, siendo que en la boleta legal solo se hizo una compra por valor de G. 93.000.
El dueño de la distribuidora se encargó de hacer la denuncia. “Supuestamente se hizo el estudio de impacto ambiental y fue uno de los montos más grandes. Acá hay un esquema, desde la Fiscalía y SET estamos investigando, inclusive a presuntos contadores. Esto es muy grande, y estamos haciendo bien el trabajo”, explicó el representante del Ministerio Público.
El fiscal Gustavo Sosa fue el que recepcionó la nueva denuncia y el dueño de la bodega asegura que falsificaron su factura a nombre de otra persona.
Habría hasta un Consejo de Salud “mau”
En la Gobernación, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, metió su cuchara y en su informe preliminar encontró un rosario de irregularidades. Por ejemplo: Hugo Javier habría entregado G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud departamental.
El Ministerio de Salud dice que este Consejo jamás fue reconocido. Además, no hay documento que evidencie donación de bienes al Hospital de Areguá. Otros G. 5.105 millones fueron entregados a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) cuya función no se sabe cuál es. Otra irregularidad detectada es que se mandó notas a los proveedores, uno de ellos es la empresa Mais SRL figura en la dirección Raquel Barrett Nº 6581 casi Conradi de la ciudad de Asunción.
“En el lugar señalado se encontró un condominio cerrado, sin ningún cartel que haga referencia a la empresa en cuestión”, señala el informe del Ejecutivo.