Las noticias cuentan que un exdirector del Indert y dirigentes campesinos fueron condenados el lunes por estafa, por transferencias a organizaciones y fundaciones en 2011.
Lo que no dicen es que la Justicia solo buscaba castigar a los militantes sociales y campesinos por atreverse a dirigir proyectos o recibir fondos de una institución pública durante un Gobierno no colorado.
La defensa de César González Parini, principal acusado, demostró que él tenía tareas técnicas y no era el responsable de administrar el dinero.
Los dirigentes campesinos y una lideresa indígena fueron procesados por presentar rendiciones de cuentas supuestamente incompletas, pero la Contraloría General, en su momento, no halló irregularidades.
La Asociación Nacional Republicana no perdona todavía la alternancia del 2008-2012. Como ya no pueden hacer lo mismo que hacía la dictadura stronista, tratan de anular a las personas con procesos judiciales llenos de deficiencias.
En este caso, los hechos juzgados prescribieron. Y además, quien hizo la denuncia fue Justo Cárdenas, extitular del Indert condenado a 4 años por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en un juicio que se anuló para dar lugar a un segundo que sigue pendiente. La justicia acá está a otro nivel de absurdo.