Un barrendero de la Municipalidad de Asunción, Fidelino Benítez, es una víctima más de la mafia de los pagarés.
El humilde trabajador, desde el 2018, recibe sucesivos embargos de su sueldo, todo desde que prestó dinero de un usurero, de nombre Antonio Chávez, que también era funcionario municipal.
El funcionario saldó la deuda, pero el usurero nunca le devolvió el pagaré que había firmado a finales del 2018. Desde entonces ha sufrido cuatro embargos judiciales.
El primer embargo se terminó de pagar en junio del 2020, pero luego llegaron tres más, todos por el mismo pagaré. “Más o menos 35 millones era y G. 700 hasta G. 900.000 mensual pagaba la cuota. Me llevó a la quiebra todo esto”, señaló en contacto con Telefuturo.
El señor, con la voz quebrada, que tiene hijos menores de edad a su cargo, huérfanos de madre. “Me da rabia todo lo que está pasando. “Imaginatena un poco, 31 días de trabajo y me sobra G. 400.000 mensual y con eso se vive”, apuntó.
¿Qué es la mafia de los pagarés?
Se trata de una presunta red de corrupción operativa en varios Juzgados de Paz de Asunción, donde jueces, actuarios, ujieres y abogados habrían colaborado para ejecutar embargos salariales fraudulentos. El esquema consistía en utilizar pagarés ya cancelados o falsificados para iniciar procesos judiciales que resultaban en embargos ilegítimos sobre los salarios de las víctimas, muchas veces sin que estas fueran notificadas adecuadamente.
El esquema operaba mediante la presentación de demandas ejecutivas basadas en pagarés falsos o ya cancelados. Se alega que los jueces recibían un porcentaje de las ganancias, mientras que los ujieres y abogados también obtenían beneficios económicos.
Investigaciones y medidas
La Corte Suprema de Justicia ordenó auditorías en los Juzgados de Paz de la Catedral (1º y 2º turno), San Roque y La Encarnación. Como resultado, se suspendió a varios jueces y funcionarios, incluyendo a las juezas Carmen Analía Cibils, Nathalia Garcete y Liliana González de Bristot.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició procesos contra los jueces Nathalia Garcete y Víctor Nilo Rodríguez por irregularidades en la tramitación de expedientes, como la firma de resoluciones sin fechas y la autorización de retiros de expedientes sin plazos de devolución.
El Ministerio Público imputó a 63 personas, incluyendo jueces, actuarios y abogados, por delitos como prevaricato, uso de documentos públicos falsos y estafa.
El caso de la “mafia de los pagarés” ha revelado graves fallas en el sistema judicial paraguayo mientras siguen apareciendo víctimas, entre funcionarios públicos y jubilados.