La ley de pensión universal para los adultos mayores fue sancionada ayer por el Senado, que aceptó las modificaciones de los diputados, por lo que pasa al Poder Ejecutivo, para su promulgación o veto, por parte del presidente Santiago Peña.
Esta normativa busca facilitar el acceso al beneficio, ya que elimina el censo y se basará en la edad de cada abuelo.
A partir de los 65 años ya se podrá cobrar, mediante la inscripción en la Municipalidad de residencia y con la presentación de la cédula de identidad.
A los indígenas se les podrá pagar desde los 55 años y quienes tengan una discapacidad severa, certificada por la Senadis (Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad), a partir de los 60 años.
“Migaja”
No prosperó la idea de subir el monto, al 50% del salario mínimo, por lo que se mantendrá en el 25%, que actualmente es de G. 698.000, lo que se irá ajustando, según el aumento del sueldo básico, conforme a la inflación.
“No porque les llamemos ‘viejitos’ les tenemos que pedir resignación con esta migaja que les estamos dando. Es una cosa increíble, dejemos de ser tan hipócritas y asumamos nuestra carencia, imposibilidad e impotencia, porque somos corruptos y se roba de manera monumental”, dijo enojado el senador encuentrista Ignacio Iramain.
La colorada Blanca Ovelar señaló que los nuevos beneficiarios “serán incorporados gradualmente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria” y alertó sobre la necesidad de “que el Estado recaude más”.