Luciana Bernadet, de 65 años, trabajó durante 30 años como enfermera en el Hospital de Clínicas de San Lorenzo.
Durante ese tiempo, se unió a la Asociación Mutual de Trabajadores del Hospital, mediante la cual retiraba insumos básicos como mercaderías y ropa.
Todo lo retirado era anotado en una libreta y luego se le descontaba directamente de su sueldo.
Después de años de sacrificio, alcanzó su jubilación en septiembre de 2017.
En 2016, la asociación fue a la quiebra y, en agosto de 2018, la abogada Lourdes Aranda, representante de la aso, le notificó que tenía una deuda de poco más de G. 3 millones que debía pagar.
Doña Luciana abonó lo adeudado y le entregaron un papel que indicaba que solo faltaba retirar el finiquito.
“Después ya no quise ir y con el tiempo se me olvidó. Yo quedé tranquila porque ya había quedado sin deuda”, contó.
En noviembre de 2023, cuando fue a cobrar su jubilación, se dio cuenta de que le había debitado G. 1.450.000, quedándose sin la mitad de su platita.
Cuando hizo el reclamo en el Ministerio de Finanzas, le dijeron que su sueldo había sido embargado por una supuesta deuda de G. 41 millones, aunque ella en ningún momento fue notificada.
La señora tampoco firmó ningún pagaré pero la empresa habría presentado uno con su firma falsificada.
Hasta la fecha ya la despojaron de G. 23 millones correspondientes a su sueldo de jubilación.
“No sé qué hacer porque a veces se va todo en remedios mi plata y después me quedo sin nada”, expresó.
Habilitan formulario para denuncia
El abogado Carlos Rolón, quien participa en la investigación, explicó que desde hace una semana comparte un enlace digital con las víctimas que solicitan su servicio. En este enlace, deben llenar un formulario detallando su situación. Esto les permite recopilar datos sobre el modus operandi más común, ya que existen distintos tipos de estafa. “Con esto podemos saber cuáles son los juzgados más involucrados y en qué zonas hay mayores denuncias”, señaló.
Hasta el momento, se registraron más de mil casos y la mayoría se centra en Asunción. Aunque mencionó que el número irá en aumento teniendo en cuenta que varias asociaciones que pasaron por lo mismo, se están organizando para denunciar de manera colectiva.
Además, la Corte Suprema de Justicia aprobó un proyecto que permitirá a las personas y sus abogados acceder digitalmente a los expedientes desde el principio. Esto ayudará a hacer un control detallado y detectar posibles irregularidades con los pagarés