Un hecho poco común ocurrió ayer en el local de la Junta Departamental de Pedro Juan Caballero, cuando un oficial de Justicia del Juzgado en lo laboral y policías, se presentaron en el sitio y cumplieron con la orden de secuestro (como un embargo) de una camioneta de la marca Toyota modelo Fortuner, que pertenece al concejal liberal Rosalino Velázquez.
Pagó a la exempleada lo que le debía
El procedimiento fue por una denuncia presentada contra el concejal por despido injustificado por parte de una exfuncionaria de la panadería Santa Rosa, propiedad del político.
Según los datos, hace dos años, María Selva Duré denunció a Rosalino por despido injustificado, pues trabajó por 8 años en la panadería y de un día para otro, la dejó sin laburo, por lo que ella se asesoró y lo demandó formalmente.
El caso salió a favor de la demandante y Rosalino debía de pagar G. 30.000.000 como indemnización a la exempleada, pero se hacía del ñembotay para no cumplir.
Sin embargo, ayer se le quitó su camionetaza frente a todos, para garantizar el pago.
Acuerdo
La lujosa camioneta fue retirada con grúa y llevada al depósito del Poder Judicial, con el objetivo de que el político cumpla con el pago a la afectada.
La abogada Verónica Sánchez, representante legal de la demandante dijo a EXTRA que tras el suceso, el concejal apúrope se puso en contacto con ella para “solucionar” el problema, por lo que ayer a la tarde llegaron a un acuerdo y el político accedió a pagar la indemnización correspondiente, que es poco más de G. 30.000.000, para así poder retirar su camioneta.
“Tras el secuestro de su vehículo, quiso llegar a un acuerdo pagando lo que corresponde a mi cliente y así liberar su camioneta”, dijo la letrada. El concejal deberá gestionar la liberación de su vehículo.